En el transcurso de aquel día de octubre, desde primera hora la imágenes de cientos de jóvenes saltando los torniquetes de las estaciones del tren subterráneo se comenzaron a reproducir y a repetir por las redes sociales, para luego abrir los noticiarios en Chile y a hacerse eco también en los informativos de medio mundo. El estallido social ya estaba en marcha.

No es casualidad que la revuelta la hayan comenzado precisamente los estudiantes secundarios. Después de más de una década de haber retornado a la democracia, Chile transitaba por un camino de supuesta estabilidad económica, social y política sin mayores sobresaltos.  Hasta que en el año 2006 los estudiantes secundarios salieron a la calle masivamente a protestar por el derecho a una educación pública gratuita y de calidad, y en contra de la precarización y el lucro. Fue lo que se llamó La Revolución Pingüina, en alusión a la vestimenta de los estudiantes en Chile.  

Este fue el primer síntoma de un descontento social con el modelo socio-económico que se impuso en Chile durante la dictadura cívico-militar (1973-1990), y que los diversos gobiernos democráticos, tras el final de la dictadura, heredaron y aplicaron sin complejos, salvo ciertos retoques. Es el llamado modelo neoliberal, una corriente económica y política capitalista, que profesa la liberalización de la economía, el libre comercio y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la Economía. 

Este modelo se impuso en Chile a modo de laboratorio, ya que fue el primer país donde se aplicó esta ideología. Las condiciones eran óptimas, al tratarse de una dictadura no existió oposición alguna a un modelo nunca antes probado, en el que la lógica del mercado se introduce en todas las esferas, no sólo económica, sino que también en lo laboral, educacional, en materia de salud, de pensiones, entre otras. 

Tras años de convivencia con este modelo, las contradicciones sociales comenzaron a hacerse latentes en la vida cotidiana de los chilenos. La precarización de la educación pública, debido al abandono del Estado, el auge de establecimientos educaciones particulares subvencionados que, al funcionar con lógicas empresariales, minimizan costos que se requieren para mejorar la calidad educativa. Mientras un porcentaje minoritario de chilenos que pueden acudir a colegios privados de alto costo y por ende de elevado presupuesto y calidad educativa.   

A esto se suman otras problemáticas sociales derivadas del paquete de medidas neoliberales impuestas por la dictadura, como las paupérrimas jubilaciones que comenzaban a percibir los pensionados, que se habían pasado del sistema público al modelo de Capitalización Individual administradas por las Aseguradoras de Fondos de Pensión (AFP), y un sistema de salud que diferencia entre quienes pueden pagar una atención privada, tienen acceso a Clínicas, y quienes no, se ven condenados a acudir al servicio público de salud con una atención precarizada y de baja calidad. 

Pese a que este primer síntoma de que el modelo presentaba grietas importantes, y que se tradujo en la primera gran movilización de los estudiantes secundarios, el modelo no se tocó mayormente. El gobierno de aquella época, presidido por la socialista Michelle Bachelet, prometió algunas reformas, que a la larga  no se tradujeron en cambios sustantivo al sistema educativo. 

Masivas movilizaciones y apoyo social

En el año 2011 la situación se hacía insostenible para los estudiantes, quienes volvieron a salir a las calles para persistir en un cambio al sistema educacional. Primero fueron los estudiantes universitarios y luego se sumaron los secundarios, que volvían a salir a las calles, pero esta vez no sólo para exigir reformas al sistema educacional y que se fortaleciera el rol del Estado, además demandaban reformas sustanciales al modelo económico y político establecido durante la dictadura militar. 

Esta movilización se consideró hasta esa fecha como una de las más fuertes desde el retorno a la democracia y suscitó un gran respaldo entre la ciudadanía (cerca de un 70%). Y como ocurriera en la gran movilización de los estudiantes del año 2006, el modelo no sufrió mayores cambios, salvo retoques puntales. 

En el transcurso de los años posteriores se llevaron a cabo otras multitudinarias movilizaciones, sobre todo para manifestarse contra el sistema privado de pensiones y las AFPs y, en general, para que el Estado asuma el rol de proveedor de infraestructuras y servicios básicos, y que no sea el mercado el que produzca los bienes públicos ni la herramienta para intentar corregir las desigualdades sociales. Pese a las grandes convocatorias éstas no tuvieron eco en las autoridades y el modelo seguió sin cuestionarse. 

Si bien algunos partidos de Izquierda, sobre todo el Partido Comunista de Chile y, en la última década se suma, el Frente Amplio (coalición política conformada por partidos y movimientos políticos de izquierda y liberales) han denunciado las contradicciones del modelo y la imperiosa necesidad de reformar la Constitución, chocan habitualmente con las reglas impuestas en la Carta Magna, que dificultan que ideas contrarias al modelo puedan conformar mayorías necesarias para sustituirla. Así lo consideró Jaime Guzmán, asesor jurídico y político de la Dictadura Militar y partícipe en la redacción de la Constitución.  "La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas  que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente difícil lo contrario".

En este contexto de hastío social, contra un modelo que ha sido, no abalado pero si, legitimado por todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia, es como se llegó al señalado día 18 de octubre. Días antes, Sebastián Piñera, actual Presidente, había alabado el modelo y se había referido a Chile como un oasis dentro del contexto latinoamericano, sin dimensionar el creciente nivel de frustración, rabia e ira de una gran parte del país, cansada de las injusticias e inequidades de un modelo social, cultural, político y económico que los rige, pero que no han sufragado.