En el contexto de la pandemia por Covid-19 no son pocas las voces que alertan sobre la disminución de la protección a los derechos humanos y, en algunos casos, la vulneración de esos derechos con el pretexto de combatir los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus.

En ese sentido, fue la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) que pidió a los gobiernos a que tomasen medidas urgentes y contundentes para detener la propagación de esta enfermedad.

Pero hasta qué punto los países pueden garantizar que todas las personas disfruten del derecho a la salud, consignado como un derecho humano fundamental, cuando hay países que no tienen la capacidad económica para enfrentar esta crisis sanitaria, porque la deuda externa los ahoga o carecen de recursos fiscales para gastar en salud o en apoyo social, y mas en países donde la mayor preocupación de la gente es no morir de hambre.

Es el caso de Pakistán, cuyo gobierno ha pedido a los líderes internacionales una moratoria o suspensión de pago de su deuda con prestamistas extranjeros para hacer frente al Covid-19, una deuda de más de 100 mil millones de dólares.

Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la mayoría de los países, todas las personas tienen derecho al "más alto nivel posible de salud física y mental". En ese sentido, el derecho a la salud establece que las instituciones, bienes y servicios de salud deberían "ser suficientes en cantidad y disponibilidad; ser accesibles y estar al alcance de todos, sin discriminación alguna; y ser apropiado desde el punto de vista científico y médico, y ser de buena calidad".

En la disyuntiva entre la protección de la salud de las personas, derecho recogido en los tratados internacionales, y la crisis económica, que acusan van a sufrir la totalidad de las economías mundiales, qué deben priorizar los países; hacer frente a sus obligaciones con las organizaciones monetarias internaciones o garantizar el derecho a la salud universal de las personas.

Proteger la libertad de expresión y garantizar el acceso a la información

La magnitud y la gravedad de la pandemia del Covid-19 es una clara amenaza a la salud pública que podría justificar restricciones a ciertos derechos, como la imposición de cuarentenas o el aislamiento y que limitan la libertad de movimiento, explican desde Human Right Watch. Pero esas medidas no justifican las restricciones a la libertad de expresión por razones de salud pública. Por el contrario, según el derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo independiente de las fronteras.

Es justamente lo que denuncia la coalición One Free Press al exigir la libertad de reporteros o que se les deje de perseguir, como es el caso de tres periodistas detenidos por informar precisamente sobre la amenaza del Covid-19. Uno de ellos es el egipcio Alaa Abdelfattah, detenido en una prisión de El Cairo por promover una campaña para proteger a los presos contra el virus. Otro es el Iraní Mohammad Mosaed, que deberá comparecer ante la Justicia por alertar sobre la falta de preparación ante la pandemia; y la china Chen Qiushi, que se supo de ella por última vez los primeros días febrero supuestamente mientras filmaba la falta de recursos en los hospitales de Wuhan, en China.

Un informe de Human Rights Watch señala que algunos gobiernos al tomar medidas contra periodistas y trabajadores de la salud no han cumplido con su obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión. Esto, explican desde el organismo internacional, limitó la comunicación efectiva sobre el inicio de la enfermedad y socavó la confianza en las acciones de algunos gobiernos.

Los Principios de Siracusa, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984, y las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que cualquier medida tomada para proteger a la población que limite los derechos y libertades de las personas debe ser legal, necesaria y proporcional.