Cuando estudiantes secundarios saltaron los torniquetes de metro, estalló un movimiento en todo Chile por la justicia social y la dignidad. En respuesta, el gobierno de Sebastián Piñera respondió con exceso de violencia policial y militar.

Los casos de abusos sumaron cientos con el transcurso de los meses y la vulneración de derechos transgredió la vida de 264 niños, niñas y adolescentes, maltratados con desnudamientos, tocaciones, amenazas de violación, perdigones, lacrimógenas, balas y balines. El informe también incorpora antecedentes del caso de un joven quemado y otro crucificado por carabineros, quienes tras ser acusados quedaron con prohibición de acercarse a la víctima.

Daniela Díaz Bórquez, directora del Observatorio Niñez y Adolescencia, mencionó que el informe fue desarrollado a partir de un monitoreo que recoge datos públicos, cifras oficiales y la convención internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes. “Miramos a la niñez desde la lógica de la universalidad, incluyendo derechos de libertad política y civil. Monitoreamos desde la sociedad civil y trabajamos con información desagregada para que sea representativa del territorio”.

Según los datos trabajados y que muestran la realidad hasta el 31 de enero de 2020, ocurrieron cuatro casos de vulneración de derechos en niños entre 0 y 4 años de vida. Asimismo, 36 casos que involucran a menores entre 5 y 13 años fueron denunciados y 224 adolescentes, entre 14 y 17 años, fueron transgredidos en sus derechos fundamentales.

En cuanto a la situación en las regiones de Chile, la mayor cantidad de casos de violencia contra menores de edad ocurrieron en Coquimbo, Bío Bío, Los Ríos y la región Metropolitana. En tanto, a nivel nacional y a partir del total de casos, 27% de las víctimas fueron mujeres y 73% hombres.

En la conclusión del informe, el Observatorio lamenta la falta de información desagregada a nivel comunal, que impide conocer en profundidad la situación específica que experimentan niñas y niños en los territorios donde viven. “Se considera un retroceso que la principal Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) utilizada en Chile para la toma de decisiones sobre políticas sociales no tenga representatividad comunal en su última versión del año 2017”.