Lo que para el Gobierno de Colombia era el inicio de la lucha contra la desigualdad y la pobreza, para las familias, estudiantes y obreros colombianos fue la gota que rebosó la copa. La denominada ley de Solidaridad Sostenible, según describió el renunciado ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, era “el primer y más importante paso que tiene que dar el país en el camino de la pospandemia que está iniciando, pues el Estado no puede permitir que más personas caigan en la pobreza y la pobreza extrema sin tomar medidas urgentes y necesarias”.

Sus palabras tuvieron una respuesta masiva expresada en un paro nacional el pasado 28 de abril, acción con que la ciudadanía exigió al Gobierno el retiro del proyecto que eliminaba la categoría de bienes exentos de los productos básicos y aumentaba el costo de alimentos como el arroz, la carne, la leche, el pescado y los huevos.

Según publicó Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Selle Colombia, el proyecto de reforma aumentaba “la diferencia entre pobres y ricos, eliminando a la clase media”.

Por su parte, Eliana Noscué Mera, Doctora en Comunicación e investigadora colombiana, sostuvo que las nuevas generaciones y las tecnologías de comunicación son aspectos fundamentales para comprender lo que hoy sucede en Colombia.  “Las nuevas generaciones, quienes crecimos en medio del conflicto, crecimos almorzando todos los días viendo noticias desgarradoras y naturalizamos tanto vivir en medio de la violencia y la masacre; noticias y noticias entre la guerrilla, el ejército, tomas de pueblo, desplazamientos, un nivel de violencia tan absurda que nosotros nos asqueamos de eso y superamos el cuento que las generaciones que nos antecedieron no pudieron superar.  Nuestras madres crecieron diciendo todo es culpa de la guerrilla y nosotros dijimos no, aquí la culpa no es de la guerrilla, aquí la culpa es de un estado ausente.   Las nuevas generaciones crecimos tan asqueados de la situación que, más allá de que algunos y algunas puedan comulgar con la resistencia armada, ya no lo visualizamos como un proyecto de resistencia, las armas y la insurgencia, visualizamos otro tipo de proyecto de sociedad.  Ese cambio generacional ha sido fundamental para que en Colombia esté sucediendo lo que hoy sucede”.

Transcurrida una semana desde el inicio de la protesta social colombiana, las denuncias por asesinatos y abusos policiales y desapariciones aumentan cada jornada. Según publicó la organización no gubernamental Temblores, entre las 6 am del 28 de abril y las 8 am del 4 de mayo de 2021,  ocurrieron 1443 casos de violencia policial, entre ellos 31 homicidios.

En tanto, el Gobierno colombiano desarrollará hasta el 20 de mayo una agenda de seis puntos.  Según explicó Miguel Ceballos, Comisionado para la Paz del Gobierno de  Colombia,  “no es una conversación nacional” sino una “agenda de trabajo conjunto sobre lo fundamental para salir de la crisis”.  El abogado destacó que los temas esenciales, “responden tanto a lo que se viene solicitando como a los propios programas y propuestas en los que ha venido avanzando el Gobierno”.

Pese a que la protesta surgió con la denominada Ley de Solidaridad Sostenible, el descontento social también busca reformar el sistema de salud y pensión, además de impulsar mejoras en el tratamiento de la pandemia por Covid-19.  Asimismo, la inconformidad colombiana se hace manifiesta para denunciar al gobierno del presidente Iván Duque, a quien responsabilizan por el incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016.  También el Comité Nacional del Paro, exige la desmilitarización de las ciudades, el término de la persecución y el  amedrentamiento en las calles, además de castigar a quienes han violado derechos humanos.

En ese sentido, Naciones Unidas y la Unión Europea ya denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para controlar la protesta social.  “Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra las reformas tributaria, matando e hiriendo a varias personas.  Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Las personas defensores de derechos humanos también informaron que han sido acosados ​​y amenazadas”, declaró el pasado 4 de mayo Marta Hurtado, portavoz del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Cabe señalar que en respuesta a la denuncia de los organismos internacionales, el Presidente Iván Duque sostuvo que detrás de las “legítimas aspiraciones sociales” está la “mafia del narcotráfico” que busca “desestabilizar la sociedad” y “generar terror”.

En ese sentido, el primer mandatario colombiano señaló que “hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infraestructura pública. Y se publicará, por parte de la Policía Nacional, el cartel de los más buscados por estos delitos, en distintas ciudades”.