El 11 de noviembre de 2019 el presidente de Chile, Sebastián Piñera, mantuvo una reunión con ex mandatarios en su domicilio para analizar temas relacionados con la reforma constitucional, junto a las pérdidas en infraestructura empresarial y el comercio.

Durante esa tarde, mujeres integrantes del taller cultural de cocina de la junta de vecinos Arturo Prat del Colorado, acordaban postergar las clases hasta el próximo año, o bien asumir el desafío de terminar el proyecto, pese a la contingencia.

Al día siguiente, un llamado a huelga general suspendió todas las actividades en el Congreso Nacional. La decisión fue adoptada luego de enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en torno a la sede legislativa, situación repetida en todo el país.

Esa misma jornada, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió parcialmente una orden de no innovar y prohibió el uso de armas letales y balas antidisturbios contra quienes protestan pacíficamente, «limitando también el uso de gases lacrimógenos u otro método que afecte la integridad física de las personas».

El tribunal informó que un recurso de protección fue interpuesto contra carabineros y el ministerio del Interior, por la violenta y desproporcionada represión ejercida, causando daño ocular y la pérdida total o parcial de la vista a más de trescientas cincuenta personas.

Asimismo, carabineros está acusado de homicidios, torturas y apremios ilegítimos, violaciones y privación de libertad, entre otros delitos cometidos desde el inicio de las movilizaciones en octubre de 2019.

Según declaró la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, tras su estadía en Chile, «la intención de las fuerzas de seguridad chilena es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta».

La abogada, especialista en derechos humanos, argumentó que “el presidente Sebastián Piñera ha sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando”, según difundió Amnistía Internacional el jueves 21 de noviembre de 2019.

En respuesta, Gonzalo Blumen, por entonces ministro del Interior, sostuvo que el informe elaborado por la organización internacional “tiene imputaciones que son absolutamente equívocas” y aseguró que “lo que hemos hecho como Gobierno es ser absolutamente proactivos en que se resguarden los derechos fundamentales”.

Cabe señalar que Blumen sustituyó a Andrés Chadwick, primo del Presidente quien fue acusado constitucionalmente por el Senado y posteriormente inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años, por haber “violado las leyes y haber dejado éstas sin ejecución al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias de estado de emergencia en el territorio nacional”, según especifica el texto que acusó al ex secretario de estado.

Abuso policial

Pasadas las dos de la tarde del martes doce de noviembre en El Colorado, «al ver llegar a la policía al lugar me preocupé por mi hijo y salí a buscarlo. Cuando me encontré con él y volvíamos camino a casa veo que venía corriendo un joven del sector y detrás de él aproximadamente seis carabineros. Cae al suelo y comienzan a patearlo entre todos», recuerda Yasna, madre de 51 años y también secretaria y encargada de la rama femenina de la junta de vecinos Arturo Prat y delegada del club Estrella de Chile.

El relato forma parte de la declaración entregada por Yasna a la Fiscalía el 19 de noviembre de 2020, siete días después del ataque que sufrió por parte de un carabinero, hasta ahora no identificado. «Les digo por qué le pegan si ya lo tienen y en ese momento veo que otro carabinero me apunta con un arma, que tengo conocimiento que es de aquellas que lanzan bombas lacrimógenas, y solo recuerdo que sentí el ruido del disparo y el impacto en mi frente, por lo que perdí el equilibrio y me caí hacia atrás y mi hijo que en todo momento estuvo a mi lado. Me dijo mamá vamos y me llevó a mi casa, donde se encontraba mi marido y mi prima, quienes al verme se dieron cuenta que mantenía bastante sangre en mi cabeza, por lo que me llevaron al consultorio».

Desde el centro asistencial Yasna fue trasladada al hospital regional, donde luego de exámenes y observaciones fue «hospitalizada debido a que mantenía fractura expuesta frontal izquierda y un hematoma extradural frontal izquierda sin criterio quirúrgico», además de esquirlas en el cráneo. «Estuve hospitalizada cinco días y desde que llegué hasta la fecha, mantengo dolores permanentes en la cabeza y sufro ataque de pánico producto de los hechos que describí. Debo agregar que al día siguiente de encontrarme hospitalizada concurrió policía de investigaciones y tomó denuncia por estos hechos», narra el informe en su segunda página.

Yasna intenta mantener descanso en su hogar a la espera de una nueva cita médica, mientras tanto convive con un fuerte ruido en su cabeza que en nada ayuda a silenciar el trauma. «No podría reconocer al personal de carabineros que me disparó ya que estaban todos iguales con sus cascos puestos y su protección en el rostro y sin identificación, por lo que no recuerdo haberle visto la cara a ninguno. Quisiera saber quién fue el que me hizo esto ya que desde ese día no puedo volver a ser la misma persona de antes».