Desde principios de marzo, al menos 1.000 niños migrantes no acompañados han sido obligados a retornar desde Estados Unidos a México y a los países del norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras), a pesar de que sus comunidades de origen presentan graves riesgos para su protección, agravados ahora por la COVID-19. Durante el mismo período, al menos 447 niños migrantes han sido devueltos de México a Guatemala y Honduras.

En ese sentido, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alerta de que se están perpetrando actos de violencia y discriminación contra los repatriados, a los que se percibe como infectados por la enfermedad, y cuya protección se ve en riesgo durante la reintegración. "Para los niños en tránsito en toda la región, la COVID-19 está empeorando aún más la situación. La discriminación y los ataques se suman a las amenazas que ya existían antes, como la violencia de las bandas que los llevó a huir”, explica la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. "Eso significa que muchos niños que regresan afrontan un riesgo doble y están más en peligro que cuando abandonaron sus comunidades. Obligar a un niño a regresar a una situación de inseguridad nunca es una opción si se quiere velar por su interés superior”.

La información pública sobre los protocolos de prueba, tratamiento y contención de la COVID-19 en la región es limitada, lo que está generando confusión y miedo entre los retornados y la población en general. En algunas comunidades, existe la preocupación de que los niños y las familias que regresaron de EE. UU. y México puedan ser portadores del virus, lo que ha agudizado la estigmatización de los migrantes. Las organizaciones humanitarias como UNICEF han recibido informaciones de comunidades en Guatemala y Honduras que prohíben la entrada física a grupos de fuera o extraños, incluidos los retornados, para prevenir la transmisión local de la enfermedad.

En el contexto de la pandemia, la capacidad de los sistemas de protección infantil en el norte de Centroamérica y México también se ha visto comprometida debido a las restricciones de movimiento y a la falta de equipos de protección personal (EPI). Desafortunadamente, esto también limita las pruebas que se pueden hacer a los niños no acompañados y que podrían revelar amenazas para su vida y para su integridad, como la violencia, tanto en sus hogares como en las comunidades de origen.