«El Pacto de la UE sobre Migración y Asilo no es una solución a la ‘crisis migratoria’ de Europa, ni un acuerdo histórico. Es simplemente la continuación e intensificación de las políticas de contención y disuasión, con el rechazo arbitrario en las fronteras y las expulsiones como núcleo», lamenta Raquel González, coordinadora de Médicos Sin Fronteras (MSF).

El derecho a solicitar asilo, nacido de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, se erige como piedra angular de las leyes y los valores europeos. Sin embargo, hoy en día, existe una preocupante tendencia entre los líderes europeos a deshacer este principio fundamental, socavando un legado construido sobre los derechos humanos y la Convención de Ginebra para los Refugiados. Los equipos de MSF en Grecia, Italia, Francia, Libia y el Mediterráneo han sido testigos de los devastadores efectos en la vida y la salud de las personas, y de la disminución del derecho de asilo en Europa.

«Este alarmante cambio es absolutamente inaceptable y profundamente preocupante, especialmente porque coincide con una creciente normalización de la violencia en las fronteras. Es imperativo que los líderes europeos reconsideren sus decisiones y aseguren a los ciudadanos europeos que el bienestar y la dignidad de todas las personas se sitúan en el primer plano de sus políticas», afirma la coordinadora de MSF.

En lugar de garantizar a las personas que buscan seguridad en Europa unas condiciones de acogida dignas, el Pacto no hace sino institucionalizar la detención de facto y socavar el derecho de las personas a solicitar asilo.

«Las fronteras de Europa no deben ser puertas de entrada al sufrimiento y la violencia. Es hora de políticas europeas que salven vidas, no que las sacrifiquen», añade Raquel González.

MSF es testigo, a través de sus proyectos en Europa, de cómo los Estados europeos han capitalizado la noción de 'crisis' y de 'medidas extraordinarias' para rebajar las salvaguardas de las personas en situación de extrema necesidad. Estas nociones han sido caldo de cultivo para prácticas violentas como las devoluciones en las fronteras y las detenciones prolongadas y arbitrarias. La aplicación de medidas de 'crisis' de emergencia ha restringido la ayuda humanitaria independiente y la supervisión de la sociedad civil, dificultando cada vez más la respuesta a las personas necesitadas.

Durante años, los equipos de MSF han constatado las consecuencias de la devolución de personas a Libia, donde se enfrentan a detención, violencia, agresión sexual, extorsión y trabajos forzados. «Es una vergüenza que la externalización de la gestión de fronteras en países inseguros como Libia constituya la piedra angular del Pacto», recalca la coordinadora de MSF.

Dicha externalización se está utilizando como modelo para firmar acuerdos similares en otros países como Túnez, un país del que los pacientes a bordo del buque de búsqueda y rescate de MSF, el Geo Barents, cuentan que se enfrentan a una creciente discriminación, ataques violentos y expulsiones colectivas.

El Pacto tampoco hace nada para evitar que las personas mueran en el Mediterráneo Central. En su lugar, escondiéndose tras una vaga redacción, los dirigentes de la UE tienen libertad para desentenderse de su obligación de rescatar y continuar con la obstaculización y la criminalización de las actividades de búsqueda y rescate de la sociedad civil. Las soluciones que propone actualmente el Pacto no dan respuesta a la pérdida continua y evitable de vidas en las fronteras europeas.