Con casi 2.200 niños y niñas, mujeres y hombres desaparecidos o muertos en el Mediterráneo central en lo que llevamos de año, 2023 ya se ha ganado el nada envidiable récord de ser el año más mortífero en esta ruta migratoria desde 2017. En su nuevo informe, Nadie vino a rescatarnos, Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncia las prácticas fronterizas violentas y la inacción deliberada de los Estados europeos, que han provocado más muertes en el mar.

En este informe, basado en datos médicos y operativos recogidos por MSF a bordo de su buque de rescate Geo Barents, la organización humanitaria documenta numerosos casos en los que los Estados costeros europeos ponen, conscientemente, en peligro la vida de las personas al retrasar, no coordinar eficazmente los rescates y/o al facilitar las devoluciones a lugares inseguros. El informe también detalla los niveles extremos de violencia de la ruta que los supervivientes denuncian a los equipos de MSF a bordo del Geo Barents.

En 2023, el número de personas que llegan a las costas italianas a través de la ruta del Mediterráneo central se ha más que duplicado en comparación con el mismo periodo del año anterior, y Túnez ha superado a Libia como principal punto de partida. Este aumento significativo de las salidas, unido a la falta de capacidades y recursos estatales de salvamento, ha traído como consecuencia un incremento de embarcaciones en peligro y de naufragios. Desde principios de año, una media de ocho personas ha perdido la vida o han desaparecido cada día en esta ruta.

Falta de asistencia letal

Indiferentes al inmenso sufrimiento que se está produciendo a sus puertas, la Unión Europea y sus Estados miembros han seguido invirtiendo en políticas, leyes y prácticas migratorias perjudiciales que muestran poca o ninguna consideración por el coste humano que estas tienen. Mientras el equipo de MSF en el Mediterráneo sigue siendo testigo de devoluciones forzosas a Libia, los nuevos acuerdos con terceros países, como Túnez este verano y más recientemente con Albania, son los últimos y preocupantes intentos en Europa de desviarse de las obligaciones de los Estados de asistir a las personas que buscan protección.

«Una vez más, se prioriza la disuasión y la contención por encima de los derechos y la vida de las personas», se lamenta Juan Matías Gil, coordinador de las operaciones de búsqueda y rescate de MSF.

A principios de 2023, el Gobierno italiano adoptó nuevas normas que obstruyen las actividades de salvamento dirigidas por ONG en el mar, con consecuencias mortales que limitan gravemente la asistencia humanitaria y amplían el vacío en las operaciones de rescate en el Mediterráneo Central. En los nueve primeros meses de 2023, las autoridades italianas detuvieron a seis buques de rescate de ONG, entre ellos el Geo Barents, en virtud de la nueva ley. Estas paralizaciones sumaron 160 días —más de cinco meses— en los que estos buques de las ONG estuvieron detenidos y no pudieron realizar rescates y evitar la pérdida de vidas.

Además, la práctica habitual de asignar puertos lejanos a los buques de las ONG obligó al Geo Barents a recorrer 28.000 kilómetros más —lo que equivale a unos 70 días de navegación extra— para llegar a puertos innecesariamente lejanos y regresar de ellos.

«Además de retrasar el acceso de los supervivientes a una asistencia médica adecuada, protección y servicios de acogida en tierra, fueron días en los que se nos mantuvo deliberadamente alejados de la asistencia a personas en peligro en el mar. Aunque las nuevas normas italianas van dirigidas a las ONG, el verdadero precio lo pagan quienes huyen a través del Mediterráneo central, que se quedan sin asistencia», añade Gil.