Ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y en conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma, la Comisión Chilena de Derechos Humanos junto a la Fundación Internacional Baltazar Garzón, dieron inicio a un proceso que tiene por objetivo investigar al Presidente Sebastián Piñera por hechos que “son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.  El documento jurídico también fue firmado por Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ).

Los antecedentes entregados a la Corte Penal Internacional abordan la responsabilidad del Presidente de Chile al reprimir con violencia estatal las protestas de octubre de 2019; la acusación también apunta a civiles, políticos y militares.

A su vez, el documento presentado ante la fiscal general de la Corte Penal Internacional, da cuenta que “las demandas del estallido social provienen del desgaste del modelo neoliberal que se estableció durante la dictadura de Augusto Pinochet y se consolidó durante los gobiernos siguientes hasta el día de hoy, el cual permitió un aumento de la riqueza, pero no una redistribución justa de la misma, concentrándose ésta en unas pocas manos”.

La acusación internacional también se refiere al “Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia, que han tenido un comportamiento asimétrico al momento de investigar y juzgar a los violadores de los derechos humanos versus a los manifestantes que han terminado encarcelados y acusados de graves delitos, que en muchos casos han sido posteriormente absueltos al no haber pruebas suficientes o incluso acreditarse que las acusaciones estaban fundadas en falsas pruebas (montajes)”.

El texto aborda 36 casos denunciados por la Comisión Chilena de Derechos Humanos.  Casi en su totalidad delitos y torturas perpetradas por Carabineros; detención con desnudamientos-sentadillas, mutilación ocular con pérdida total o parcial de la visión, producto del disparo a corta distancia de escopetas antidisturbios. Contusiones hemorrágicas frontales y homicidio por insuficiencia respiratoria aguda y asfixia mecánica por ahorcamiento.