Desde que se inició el estallido social en Chile, el pasado 18 octubre, y que partió con una evasión masiva en el metro de Santiago y que derivó en cacerolazos en todo el país y una marcha que recorrió una sola Alameda entre Arica y Punta Arenas, las víctimas de abusos a los DDHH han llegado a niveles alarmantes.

Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hasta el día 14 de noviembre, a pocos días de cumplirse un mes de crisis social y luego de alcanzarse un acuerdo político para destrabar la situación, se han contabilizado alrededor de 2.200 personas heridas, constatadas en observación directa en centros de salud. Entre los heridos, 209 personas sufrieron lesiones graves de globo ocular, producto del disparo de balas de gomas y de perdigones.

Las temidas balas de goma

Cabe señalar que una bala de goma, que puede alcanzar una velocidad que bordea los 750 kilómetros por hora, es considerada un arma menos letal, aunque puede perforar un órgano y causar la muerte.  En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) suspendió el uso de este tipo de armamentos en las misiones de paz de todo el mundo el año 2017, luego de la muerte de dos manifestantes albanokosovares por el impacto de balas de goma que habían sido disparadas por la policía rumana integrada en los “cascos azules” destacados en Kosovo.

En Chile, la policía uniformada ha utilizado habitualmente este tipo de armamento para dispersar las manifestaciones y protestas que se han producido desde el inicio de la crisis, lo que se ha traducido en cifras récord de heridos por este tipo de armamento.

A estos trágicos sucesos hay que añadir 42 heridos por impacto de balas, 643 perdigones y 345 por armas de fuego no identificadas y 41 por balines.  

En cuanto a las víctimas fatales, desde que se iniciaron las protestas, el INDH ha informado que la cifra asciende a 22 personas, cinco de ellas ocurrieron presuntamente a manos de agentes del Estado, ya sea carabineros o militares.

Diversas organizaciones sociales y movimientos en defensa de los Derechos Humanos han denunciado las violaciones ejercidas por las fuerzas de seguridad en contra de los manifestantes, alertando sobre torturas y abuso de poder.